Ciudad de México, 28 de abril (SinEmbargo).– A dos años del asesinato de la periodista Regina Martínez, corresponsal del semanario Proceso en Veracruz, el crimen continúa impune, pues hasta el momento las autoridades del estado esperan que un Tribunal de Justicia Federal resuelva si el móvil del homicidio -que señala que a Regina la asesinaron para robarla- es apegado a la realidad, denuncia Artículo 19.
La organización exigió al Gobernador Javier Duarte de Ochoa, así como a los integrantes de su gabinete, “abstenerse de presionar directa o indirectamente a los magistrados del Tribunal Federal que actualmente tienen la decisión de avalar o desechar la hipótesis de que a Regina Martínez la asesinaron por robarla y no por su ejercicio periodístico crítico de la administración estatal y federal”.
Desde agosto de 2013, Ángel Alfonso Martínez, hermano de Regina, interpuso un amparo ante el Poder Judicial de la Federación (PJF), para revertir la liberación de Jorge Antonio Hernández Silva, acusado por la Procuraduría de Justicia Veracruzana del asesinato de la periodista.
Hernández Silva fue liberado en agosto de 2013, después de que los magistrados locales consideraran que fue torturado durante su declaración en la que señaló que a Regina la asesinaron para robarla.
Tanto la revista Proceso, como las organizaciones sociales defensoras de la libertad de expresión, consideran que existen suficientes elementos para presuponer que a Regina la asesinaron por su actividad periodística crítica de la administración pública (Federal y Estatal). Sin embargo, la Procuraduría veracruzana en ningún momento mostró interés en iniciar una línea de investigación relacionada con su ejercicio profesional.
A pesar del amparo interpuesto no se puede investigar otro móvil del homicidio hasta el momento y en dado caso de que se conceda y se recapture a Antonio Hernández, se dejaría de investigar el entorno laboral de Regina.
La otra posibilidad es que los integrantes del Tribunal Federal avalen la decisión de los magistrados en Veracruz, y dejen en libertad a Hernández Silva. De esa forma el caso prácticamente volvería a su punto de partida, lo que significaría que el móvil de robo de la Procuraduría de Veracruzana no es sostenible.
De ser posible el último punto, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) tendría que tomar completamente el caso, es decir, para plantear desde el inicio lo qué ocurrió”, dijo una fuente autorizada de Proceso, a Artículo 19.
Finalmente, la organización exige al Poder Judicial de la Federación (PJF) que se garantice la independencia e imparcialidad de los integrantes del órgano jurisdiccional que resolverán el amparo interpuesto por el hermano de la periodista Regina Martínez, pues uno de los magistrados podría tener un “conflicto de intereses”, ya que su esposa es una alta funcionaria de la administración de Javier Duarte, Gobernador de Veracruz.
